Fiscalía fijó postura en pensiones de mujeres víctimas de violencia de género

La Fiscalía de Estado, a través de la Subsecretaría en Materia Previsional y Derechos Humanos, tomó intervención en una solicitud de pensión no contributiva para personas privadas de la libertad en el marco de la Dictadura Cívico-Militar instituida por la Ley 14042.
Por lo general, el régimen previsional de la provincia de Buenos Aires exige la convivencia al momento de la muerte del titular de la pensión, por lo que la postura en este caso resulta novedosa, ya que dejó sentada su posición en lo que respecta a aquellos casos en los cuales la convivencia se haya visto interrumpida por cuestiones de violencia de género.
Desde el organismo se ponderó que existían sobradas pruebas de que la interrupción de la convivencia fue producto de haber sido víctima de violencia de género y que, frente a ello, se debe velar por el pleno goce de los derechos de la mujer. Se resaltó que una interpretación de la normativa a la luz de los derechos fundamentales de la mujer lleva a reconocer que la interrupción de la unión convivencial no constituye, en el caso, un rompimiento voluntario del proyecto de vida en común que amerite denegar el derecho de pensión.
En este sentido, se sostuvo que es necesario que los órganos administrativos realicen una interpretación de la normativa de seguridad social conforme a lo establecido en los tratados de Derechos Humanos de los que Argentina es parte, que deben ser utilizados armónicamente junto con la ley provincial que aplica a este caso.
Así, se recordó que el Estado Argentino ha reconocido en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belem do Para”) que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de -entre otros- sus derechos económicos y sociales (art. 5) y que la mujer tiene derecho a una vida libre de violencia (art. 3).
Sumado a ello, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), obliga al Estado argentino a “abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación” (art. 2 inc. d), lo que implica también un compromiso de abstención y de reacción activa frente a prácticas de convalidación de violencia contra la mujer por parte de los poderes públicos.
De este modo, la mujer víctima de violencia pudo acceder al derecho de pensión, superando la valla formal establecida en la ley previsional interpretada, en este caso, bajo una perspectiva de género. Esta perspectiva, responde a los lineamientos que desde la Fiscalía de Estado se han planteado en los últimos años: la incorporación a la cultura del organismo de la defensa irrestricta de los Derechos Humanos en su más amplia acepción a partir, no solo de generar políticas de igualdad e inclusión plena, sino de poner el acento social de los cometidos públicos en la cuestión de género, aspecto clave que atraviesa a toda la sociedad.

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